Los Presupuestos para 2010 han vuelto a poner en la palestra una controversia que se reedita cada año: el elevado coste y sobredimensionamiento laboral de las Administraciones Públicas.
Mientras el Gobierno pregona austeridad y sus miembros escenifican la congelación salarial por segundo año consecutivo, el sueldo de los funcionarios crecerá un 0,3% el año próximo, mientras que los gastos de personal en la Administración Central aumentarán, en conjunto, un 2,7%, y los de su alta dirección un 6,7%.
Estas cifras chirrían frente a la oscura realidad de la economía y sus desalentadoras perspectivas para 2010, año en el que España continuará en recesión. Pero aún más relevante que la subida salarial, cuestionada también por el Banco de España, es el gradual incremento de la nómina de empleados públicos, que en junio superó la cifra de tres millones, 109.000 más que un año antes. Un aumento inexplicable a la luz de los acontecimientos y que resulta especialmente lacerante si se considera que, en ese periodo, el paro creció en 1,75 millones de personas.
¿Cómo es posible que en una economía como la española uno de cada cinco empleados cobre su nómina del Estado central, las autonomías o los ayuntamientos? La verdadera esencia del problema no es que esos trabajadores tengan salarios elevados o vean ligeramente incrementada su retribución en un entorno recesivo, sino su desmesurado y creciente volumen, que ha conllevado un fuerte aumento de las obligaciones de gasto.
El modelo de las Administraciones regionales, lejos de traer consigo una mejora de la eficiencia, ha supuesto un enmarañamiento de la burocracia, la duplicación de funciones y una hipertrofia de las plantillas públicas, consolidando una factura multimillonaria para el contribuyente de la que es muy difícil dar marcha atrás. Los intereses políticos de las autonomías y la creación superflua de puestos de trabajos para intentar embozar –infructuosamente– el paro no pueden regir el diseño de la Función Pública, cuya necesaria racionalización debe acometerse desde criterios de eficiencia y productividad, adecuando su tamaño a las necesidades de la sociedad, como, por ejemplo, hará Francia, que reducirá su cuerpo de funcionarios en más de 33.000 efectivos.
Ignorar la conveniencia de esa reforma es seguir nutriendo un problema que, en España, alcanza ya dimensiones colosales y que, en momentos de crisis como el actual, se convierte en una pesada rémora para la economía y en una amenaza muy real para la ecuanimidad fiscal.
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