Diversión = ecologia y salud

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Una iniciativa llevada a cabo por Volkswagen ha dedicado un espacio en la red [www.thefuntheory.com] para tratar de demostrar que la diversión es la forma más fácil de cambiar el comportamiento del ser humano para mejor. Ya sea para uno mismo, para el medio ambiente o para cualquier cosa, lo que importa es cambiar el comportamiento para mejor.





Con este tipo de iniciativas las empresas tratan de elaborar una estrategia de marketing social que a la vez de ser beneficiosa para la sociedad mejora la imagen de estas cara al público.

Si me paro a pensar, me puede incluso sonar extraño que una empresa como Volkswagen, trate de fomentar el ejercicio físico y el cuidado del medio ambiente, cuando su activdad consiste en la venta de automoviles, máquinas generadoras de CO2 y contribuyentes en parte al sobre peso de las personas. Por esta misma razón, basan su campaña en mejorar la imagen de la marca atácando a los puntos donde el sector automovilístico es más criticado.


Fuente: Estrategia y empresa
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El sector de las renovables teme perder las subvenciones

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El Ministerio ha recibido de golpe tantas peticiones como en los últimos seis años. Las empresas quieren acogerse a las subvenciones actuales porque temen una nueva ley más restrictiva.

El efecto llamada generado por el Gobierno, al anunciar que habrá una nueva legislación para energías renovables más restrictiva que la actual, ha provocado una avalancha de proyectos verdes sin precedentes en España.

Todos han acudido en masa ante el Ministerio de Industria. Corren desesperados para poderse acoger a la normativa actual, más generosa en subvenciones que la legislación que quiere introducir el Ministerio de Industria. Éste trata de frenar el multimillonario impacto de esas primas en la factura eléctrica (se prevé que más de 4.000 millones de euros sólo este año).

En apenas seis meses, desde que en mayo se anunció esa nueva legislación, miles y miles de nuevos megavatios (MW) de energía renovable han solicitado el visto bueno.

Hay tantos en lista de espera, que si se les dejara entrar de golpe a todos, se pondría tanta capacidad de renovables en España como la que se ha instalado en los últimos seis años, un periodo en el que de 6.599 MW a finales de 2002 se pasó a 21.921 MW en 2008, según estadísticas de Red Eléctrica.

Cantidad descomunal
El Ministerio de Industria ofreció algunos datos hace unos días, al explicar que se han presentado 708 solicitudes, pero no desveló la descomunal cantidad de megavatios que se escondían detrás de esas peticiones.

Solamente en energía eólica, hay proyectos para instalar en torno a 11.000 megavatios de potencia en España, aseguran en fuentes del sector. Teniendo en cuenta que a diciembre de 2008 había funcionando 15.874 MW de eólicas en España, las nuevas solicitudes representan un 70% de lo que se ha instalado en España en casi dos décadas.

En energía termosolar, otra de las fuentes renovables que más expectación ha provocado en el sector, se han presentado 4.400 MW. Es veinte veces lo instalado en España hasta ahora y ocho veces el objetivo de Industria en su plan de renovables hasta 2010.

En total, entre eólica y termosolar, hay solicitudes que suman más de 15.000 MW de potencia. Esa cifra supone tres cuartas partes de la que estaba instalada en diciembre de 2008 en todas las energías renovables, y un 16% de todo el sistema eléctrico español (90.000 MW).

En esas solicitudes, además, es muy probable que sólo se incluyan parcialmente los cientos de megavatios de energía eólica que cada comunidad autónoma está sacando a concurso por su cuenta, en clara descoordinación con el gobierno central y su planificación energética. Solamente en Galicia, el concurso, que tendrá que ser reformulado, supera los 2.000 megavatios.

Patata caliente
La nueva fiebre de la energía verde es una patata caliente para el Gobierno. El propio ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha propiciado la carrera de España hacia la energía verde, con un vehemente discurso de apoyo a las renovables. Este discurso, sin embargo, choca con el frenazo que quiere introducir ahora recortando primas y estableciendo cupos, para que el sector no se desmadre.

El problema no es tanto ese frenazo, que en general se aplaude porque si no, las renovables terminarían haciendo reventar el sistema eléctrico. No sólo por la presión que provocan sus subvenciones, sino por el redimensionamiento de la red para dar cabida a tanto megavatio verde. El conflicto radica en la brusquedad con la que Industria está pasando del barra libre total en renovables a un sistema más restrictivo, totalmente incierto.

Industria ha anunciado que habrá una nueva legislación, dando a entender que será menos generoso. Pero no ha especificado cuándo, cómo, ni en qué medida. La incertidumbre es total. Y con ella, el desbarajuste, que está haciendo que paguen justos por pecadores.

En la avalancha de peticiones de renovables han entrado todo tipo de proyectos, incluso los más endebles y sin apenas documentación en regla. Pero la incertidumbre afecta a todos. Algunos proyectos sólidos, que ya contaban con compromisos de financiación, están ahora parados porque la banca ha congelado los acuerdos hasta que se aclare la situación.

La historia se repite
Se está reeditando, para el conjunto de las renovables, el caos que se produjo hace meses con la energía fotovoltaica, cuando Industria trató de reordenar de la noche a la mañana el desarrollo de esta renovable, tras comprobar cómo se había desbocado (pasó de 558 MW instalados en 2007 a 2.984 MW en 2008.

De cobrar 39 millones en primas en 2006, pasó a 987 millones en 2008). Para ponerle coto, Industria introdujo una nueva normativa, reduciendo primas y estableciendo cuotas anuales de instalación. El sector se vino abajo y todavía está encajando el golpe.

Publicado el 05-10-09 en Expansión.com , por Miguel Á. Patiño. Madrid

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La burbuja de los empleados públicos

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Los Presupuestos para 2010 han vuelto a poner en la palestra una controversia que se reedita cada año: el elevado coste y sobredimensionamiento laboral de las Administraciones Públicas.

Mientras el Gobierno pregona austeridad y sus miembros escenifican la congelación salarial por segundo año consecutivo, el sueldo de los funcionarios crecerá un 0,3% el año próximo, mientras que los gastos de personal en la Administración Central aumentarán, en conjunto, un 2,7%, y los de su alta dirección un 6,7%.

Estas cifras chirrían frente a la oscura realidad de la economía y sus desalentadoras perspectivas para 2010, año en el que España continuará en recesión. Pero aún más relevante que la subida salarial, cuestionada también por el Banco de España, es el gradual incremento de la nómina de empleados públicos, que en junio superó la cifra de tres millones, 109.000 más que un año antes. Un aumento inexplicable a la luz de los acontecimientos y que resulta especialmente lacerante si se considera que, en ese periodo, el paro creció en 1,75 millones de personas.

¿Cómo es posible que en una economía como la española uno de cada cinco empleados cobre su nómina del Estado central, las autonomías o los ayuntamientos? La verdadera esencia del problema no es que esos trabajadores tengan salarios elevados o vean ligeramente incrementada su retribución en un entorno recesivo, sino su desmesurado y creciente volumen, que ha conllevado un fuerte aumento de las obligaciones de gasto.

El modelo de las Administraciones regionales, lejos de traer consigo una mejora de la eficiencia, ha supuesto un enmarañamiento de la burocracia, la duplicación de funciones y una hipertrofia de las plantillas públicas, consolidando una factura multimillonaria para el contribuyente de la que es muy difícil dar marcha atrás. Los intereses políticos de las autonomías y la creación superflua de puestos de trabajos para intentar embozar –infructuosamente– el paro no pueden regir el diseño de la Función Pública, cuya necesaria racionalización debe acometerse desde criterios de eficiencia y productividad, adecuando su tamaño a las necesidades de la sociedad, como, por ejemplo, hará Francia, que reducirá su cuerpo de funcionarios en más de 33.000 efectivos.

Ignorar la conveniencia de esa reforma es seguir nutriendo un problema que, en España, alcanza ya dimensiones colosales y que, en momentos de crisis como el actual, se convierte en una pesada rémora para la economía y en una amenaza muy real para la ecuanimidad fiscal.


Publicado el 05-10-09 , por Expansión

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